INJUSTICIA AL QUERER HACER JUSTICIA

 

Luego de varias acciones “irregulares” por parte de diversos entes del Estado se mantiene en prisión, y proceso  judicial, a una ciudadana a quien le acusan de invasora, resistencia al procedimiento policial y agavillamiento.

 La ciudadana Andreína Mayrín Hernández se encuentra en prisión, en una instalación de la Policía del estado Aragua desde el pasado 23 de mayo, para ser procesada por un tribunal de la región. Le acusan de “invasora” de la unidad habitacional de la que ella es propietaria.  En esa residencia ha vivido desde hace más de 17 años.

 Andreína  Hernández, víctima de maniobras judiciales y policiales, reside en la vivienda #556 de  la calle 8 en la urbanización Base Sucre, en el oeste de Maracay. Este conjunto residencial, construido por el Gobierno bolivariano a principio de siglo, cuenta con una breve historia de 19 años. La dirigencia vecinal y los propios vecinos ratifican categóricamente que Hernández ha vivido allí casi desde la fundación del urbanismo.

 

 

La afirmación vecinal está respaldada con el fulminante registro que debe estar en los archivos del Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (BANAVIH). Precisamente esta institución contrajo con Andreína Mayrín Hernández C.I: 16.405.491 un convenio de pago de su inmueble, igualmente en esos registros, y en los bancos receptores, están las evidencias de todos los pagos realizados. La mayor de las pruebas, que reposan en esos archivos es la entrega del finiquito de pago, elaborado por Banavih.

De tal manera, que un ente del Estado le reconoció, a Andreína los derechos a poseer una vivienda. Pero varios años después, otro ente del Estado, el Ministerio Público, le acusa de invasora.

Los actos de injusticia contra la ciudadana Andreína Hernández  tienen antecedentes, meses antes,  al 23 de mayo: recibió varias visitas policiales y militares  cargadas todas de amenazas.

Ese 23 de mayo  una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), respaldaba la acción del Ministerio Público, instancia que creía que hacía justicia a una persona de la tercera edad. Es que la Fiscalía recibió una información falsa y manipulada.

 Quien dice ser la dueña legítima de la vivienda, la ciudadana  Mirla Olimpia Pulido C.I: 7.185.508, se “aprovechó” de la campaña del fiscal general de actuar con justicia hacia  las personas de  la tercera edad que hayan sido despojadas de sus viviendas.

 En el procedimiento policial Andreína entregó una carpeta con el convenio de pago, recibos de depósitos a los bancos y el finiquito (orginales). Una vez en el recinto policial los funcionarios  negaron haber recibido tal carpeta.

 

Pulido fue la adjudicataria inicial de la vivienda, pero nunca, jamás llegó a vivir allí, no la necesitaba. En registros tribunalicios aparece Pulido en varias querellas referidas a disputas por  casas y apartamentos.

 El comandante Chávez lo gritó varias veces, “.... la vivienda es de quien la ocupa”, eso fue lo que hizo BANAVIH con Andreína Hernández, le reconoció que era ella quien ocupaba la vivienda.

Fue a través de un hijo de Pulido que Andreína Hernández llega a instalarse en esa vivienda, para su cuido, porque estaba deshabitada. Mientras tanto Pulido hacía las diligencias para conseguir un comprador.